Luces y sombras del proceso de reincorporación de combatientes de la antigua guerrilla FARC-EP

Abstract

Han pasado casi cinco años desde la firma del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo–FARC-EP. El proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz ha sido calificado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ONU– organización vigilante del acuerdo– como un logro político incuestionable en la construcción de paz territorial. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia destaca que a raíz del Acuerdo de Paz disminuyó considerablemente el conflicto armado en Colombia con respecto a al descenso de homicidios, secuestros y otros indicadores relacionados con el conflicto que persistió entre las partes firmantes durante más de 50 años. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020) Así mismo, la ONU resaltó que el panorama de la democracia colombiana se ha ampliado, dando lugar a la participación política del antiguo grupo guerrillero de las FARC-EP en el aparato político del país. Resaltando el desempeño del sistema de justicia transicional que trabaja por proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas afectadas por el conflicto armado entre las partes firmantes. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020) Por último, la ONU señala la importancia de que las partes firmantes del Acuerdo de Paz sigan comprometidas a implementar los diversos componentes trazados en el acuerdo, en especial, el compromiso por parte de los y las antiguas guerrilleras de las FARC-EP para mantener la construcción de paz. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020) Sin embargo, ante las oportunidades que vislumbra el Acuerdo de Paz, la implementación de dicho acuerdo se ve amenazado principalmente por el tema de seguridad, pues la persistencia de la violencia en Colombia ha conllevado a la persecución y asesinatos contra hombres y mujeres que de forma voluntaria dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz; contra las comunidades que han sufrido los vestigios de la guerra durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre. El Consejo de Seguridad de la ONU reportó hasta diciembre 29 del 2020 los ataques que han sufrido los y las exguerrilleras de las FARC-EP, los cuales suman 248 asesinatos, incluidas 6 mujeres, 55 intentos de homicidio, incluidas 3 mujeres, y la desaparición de 20 hombres firmantes de paz. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020) La Unidad Especial de Investigación reportó 289 casos de ataques contra excombatientes bajo su competencia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desde la firma del Acuerdo Final ha reportado 378 asesinatos, incluidas 44 mujeres, 6 personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), 69 líderes indígenas y 15 líderes afrocolombianos. También reportó que en el 2020 fueron asesinados 269 civiles, incluidos 24 niños y niñas y 19 mujeres, en 69 incidentes de este tipo. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, 2020).