Movilidad en el espacio público: propuesta de intervención en la infraestructura urbana de la zona central de la ciudad de Puebla

Abstract

En el siguiente apartado se presentan los datos e información necesaria para entender la situación actual de la movilidad en la ciudad de Puebla. Asimismo, se presentan datos sobre la evolución del tema en la misma ciudad y se hace una delimitación del espacio en el que se aborda este problema. Como lo mencionan Rodríguez et al. (2017), el derecho a la ciudad se materializa en la facilidad para acceder a las oportunidades en una determinada zona de forma segura a través del uso de un sistema dado de transporte (p. 9), lo que hace de la disponibilidad y de sus condiciones para hacer uso de estos, factores determinantes sobre si una persona puede acceder a una actividad o no. Un sistema de movilidad eficiente debería ser una herramienta de política pública que contribuya a reducir las desigualdades sociales en su población; sin embargo, durante los últimos 50 años en Latinoamérica, el desarrollo de la movilidad se ha centrado en el uso del automóvil como modo de transporte óptimo, al cual no toda la población tiene acceso y cuyos costos reales de uso no son únicamente absorbidos por su usuario, sino por la sociedad en general. Esta idea de priorizar al automóvil se da hacia 1946, cuando Le Corbusier plantea un modelo de ciudad moderna centrada en la velocidad, en donde “se segregan los tráficos, se objetivan las funciones de los espacios, se diseñan vías de sentido único y se separan radicalmente coches de peatones” (Santos y de las Rivas, 2017, p. 15), creando “una ciudad de largos desplazamientos y distancias” (Ídem). En consecuencia, esta idea de ciudad se ha materializado, por lo menos en Latinoamérica, a través de "la formación de ciudades metropolitanas organizadas de forma fragmentada […], cuyos límites superan cualquier territorio de ámbito abarcable racionalmente por el planeamiento físico tradicional" (Fariña, 2015, p. 71), ocasionando la creación de “centros urbanos que no cuentan con las condiciones para satisfacer las necesidades de movilidad, infraestructura y servicios públicos de manera equitativa" (Salgado, 2015, p. 570) y que, como se mencionó antes, priorizan el movimiento de personas y, sobre todo, bienes en automóvil.