Las implicaciones fiscales de la Ley Antilavado en México

Abstract

Con la entrada en vigor de la Ley contra el lavado de dinero (SHCP, Portal de prevención del lavado de dinero), se creó una autoridad administrativa, con connotaciones penales y fiscales, y se crearon obligaciones formales para las partes obligadas. Desde mi punto de vista, poco se ha dicho sobre la implicación fiscal más importante de esta ley: puede servir como una herramienta de fiscalización. Esto tomando en cuenta que la autoridad encargada de revisar los avisos presentados es el fisco y no una autoridad independiente. Es decir, a través de esta Ley, la oficina de impuestos podría determinar créditos fiscales para las personas que no están involucradas en el lavado de dinero, cuando ese no es el espíritu de esa norma. En primer término, en el Capítulo I, expondré la interacción de las ramas del derecho y daré a conocer el contenido de la Ley Antilavado, explicando brevemente su naturaleza triple; para después ser más concreto acerca de qué autoridad crea, cuáles sujetos son los obligados y qué tipo de información deben presentar ante las autoridades. Destacaré además cuáles son las atribuciones de esa nueva autoridad, similares a las de las autoridades fiscales y cuál es la información que deben presentar los sujetos obligados, que se asemejan a las obligaciones formales fiscales. Asimismo, señalaré de qué manera emplea la autoridad competente (UIF) la información que le es presentada por los sujetos obligados, las sanciones por incumplimiento a las obligaciones formales y el procedimiento de verificación. Al abordar de esa manera la Ley, es posible conocer las atribuciones de la autoridad competente, la información presentada por los sujetos obligados y su estrecha relación con el fisco.