| dc.description.abstract | En el Estado de Puebla en los últimos años se ha hecho evidente una situación de
precariedad entre las personas migrantes centroamericanas. De acuerdo con las estadísticas
recopiladas por la Unidad de Política Migratoria (2018) en 2017 fueron presentadas ante las
autoridades migratorias 93,846 personas, de las cuales 80,599 eran de origen
centroamericano; de todas ellas, 681 fueron presentadas en la estación migratoria de
Puebla.
Del total de los detenidos centroamericanos a nivel nacional, 78,309 fueron
devueltos a su país de origen, es decir el 97%. En el caso de Puebla las cifras son
constantes, el mismo año 658 extranjeros provenientes de Centroamérica fueron obligados
a regresar a su país de origen: un 96.6% (Unidad de Política Migratoria, 2018).
El principal problema que se advierte a nivel nacional es la forma de aplicar, por
parte de las autoridades migratorias, el artículo 11 Constitucional, el cual prevé el derecho
humano a la libertad de tránsito. Ante tal situación y presumiendo una actitud similar por
parte de las autoridades del Estado de Puebla, concentrándonos en el estudio del periodo
2017-2019, se evaluó la situación general de vulneración de los derechos humanos que han
enfrentado en los últimos dos años los extranjeros irregulares centroamericanos que residen
en el Estado de Puebla o hacen tránsito por él hacia un tercer país, pues era menester
investigar la situación jurídica, las acciones y omisiones de las autoridades, y las
consecuencias que traían aparejadas hacia sus derechos. | spa |
