| dc.description.abstract | El presente trabajo surge de la realidad jurídica y social que impera en México, realidad, que es producto de la evolución en materia de los derechos humanos la cual toma relevancia a raíz de la reforma a la Constitución Federal publicada el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, por lo que la aplicación del control difuso de convencionalidad, toma mayor importancia, atendiendo a sus principios de pro persona, progresividad e interpretación conforme, lo cual se establece en el artículo primero párrafo segundo y tercero de nuestra carta magna, con lo que se pretende dar respuesta a la serie de injusticias e inconformidad en que viven o han tenido que vivir gran parte de las víctimas. Ejemplo de ello son los casos de Radilla Pacheco v/s México, Rosendo Cantú v/s México, Fernández Ortega v/s México, y las mujeres de Campo Algodonero v/s México, en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante COIDH) ha dictado sentencia en contra del Estado Mexicano, los cuales propiciaron la reforma anteriormente mencionada. Aún existen víctimas que no han encontrado justicia, por lo que es necesario hacer efectivos los métodos creados para reconciliar a la sociedad alcanzando la satisfacción de los intereses de la víctima, razón por la cual resulta relevante el tema de la reparación del daño.
La progresividad de los derechos humanos, pareciera que solo alcanzaría para fomentar los derechos del imputado en el debido proceso, la presunción de inocencia y la no autoincriminación, pero se ha dejado a un lado la aplicación de esos derechos humanos en la protección y garantía que tienen las víctimas en el proceso, cuyo espectro alcanza a los sujetos intervinientes en el mismo. | es_MX |
